@Juan Carlos Escudier - 09/02/2008
Rajoy, que sabe que, por lo general, los padres odian que sus hijas se fuguen con los trompetistas de la vecindad, especialmente si son negros como el tizón, ha planteado una ocurrencia consistente en que los inmigrantes -negros o no- que quieran obtener un permiso de residencia superior al año firmen un certificado de buena conducta en el que se comprometan a cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres españolas. La medida contará con muchas más simpatías de lo que parece porque aquí no hay racismo y nos da mucha pena el hambre en el mundo, pero siempre que los que vengan nos cuiden al abuelo por un plato de lentejas y no pongan la música muy alta que hay gente durmiendo.
Se trata de un acierto pleno aunque, quizás por las prisas, se echan en falta algunas precisiones. Ignoramos, por ejemplo, cómo evaluará Rajoy a los buenos inmigrantes. Lo de las leyes está claro, pero nos asaltan dudas acerca del respeto a las costumbres, más allá de que las niñas musulmanas se dejen el velo en casa y no se pongan mirando a la Meca en mitad de una clase de Matemáticas. ¿Deben los ecuatorianos dormir la siesta un par de horas al día como mínimo? ¿Tendrán que salir los marroquíes en domingo a tomar vermú de grifo y a picotear oreja de cerdo en salsa y embutidos ibéricos? ¿Estarán obligados los senegaleses a criticar a la vecina del quinto porque la muy guarra tira las migas al patio interior? Es imprescindible un catálogo, y es probable que de él se ocupe Mayor Oreja, que es hombre con experiencia en el trato con extranjeros, sobre todo si hay que dormirles para que tomen el avión. De entrada, se les exigirá higiene, que es conocido que a los negros, sean o no trompetistas, les huele muy fuerte el sudor.
Arias-Cañete ha venido a centrar el problema. Falta integración, en efecto, y se nota en los bares. No hay manera de hacer entender al peruano de detrás de la barra lo que es un descafeinado de máquina corto de café, y uno se desespera porque le pides a estos andinos con mandil la comida de un tirón y no memorizan ni el agua mineral con gas. No hay integración y no hay profesionalidad, Cañete, di que sí. Por no hablar de las urgencias en el hospital que, según el ex ministro, es el chollo de los sudacas: aquí les sale gratis saber si tienen cáncer y en Ayacucho les cuestan las pruebas un ojo de la cara; por eso nos colapsan los TAC los muy cabrones.
A esta falta de entendimiento contribuye el hecho de que lo de esta gente no es aprender idiomas. Es por eso que los populares aseguran que valorarán más a los que mejor conozcan la lengua, que se supone que es el castellano. Afortunadamente para los recién llegados CiU no gobierna en Cataluña porque el lío hubiera podido ser monumental en aquella comunidad. Artur Mas propuso en su día dar puntos en un carnet a los residentes que demostrarán saber catalán, algo que posiblemente les penalizaría al sur del Ebro. El interés del experimento filológico sería innegable.
Afirma el PP que sobre este tema no conviene frivolizar y por eso lo plantean en campaña electoral, justo después de alertar sobre el paro que se nos viene encima y que afectará sobre todo a los inmigrantes, que estaban empleados en la construcción y tendrán que colgar el pañuelo de cuatro nudos y silbar melodías. El peligro es evidente: un inmigrante en paro es una bomba de relojería porque el subsidio le hace perezoso y cuando se le acaba suele darse al butrón o al robo con escalo, algo que jamás haría un señor de Toledo o de Ávila, castellanos viejos por lo demás.
Para prevenir este azote de la delincuencia que se nos avecina, Rajoy propone modificar el Código Penal, de tal manera que si un colombiano residente en España roba una cartera en el metro se le mande a Medellín sin escala, pero si lo hace uno de Burgos sea como hasta ahora, o sea, que siga en la calle hasta que se diplome como rufián. Al fin y al cabo, en Burgos hay catedral y buena morcilla, y bastante frío habrá pasado el pobre a lo largo de su vida como para encima dejarle a la sombra o mandarle al destierro.
Ello no significa que tengamos que desconfiar de los inmigrantes. Es más, en ese contrato de integración con valor jurídico parido por los populares los firmantes tendrían que comprometerse a abandonar el país si el mercado de trabajo les es hostil. Es decir, que si roban les echamos y si no, también. Cuanto menos bulto, más claridad o, si se prefiere, Santiago y cierra España, con pestillo si es necesario.
Habrá quien piense que la oferta electoral del PP se dirige a su electorado más de derechas, cuando la realidad es justamente la contraria. La inmigración nunca fue un problema entre las clases más favorecidas, que aprecian las innegables cualidades del colectivo como servicio doméstico. Allí la integración es perfecta; no así en la periferia de las ciudades, donde el vendedor ambulante de Mali convive con el soldador turolense, que puede que hasta vote a IU, y es frecuente que salten chispas entre ambos en el rellano de la escalera. En Francia, a Le Pen le han ido muy bien las cosas pescando en los caladeros tradicionales de la izquierda, soldadores incluidos.
En España hay leyes que permiten expulsar a los inmigrantes ‘ilegales’, que mandan a la cárcel los delincuentes, por muy inmigrantes que sean, que castigan aberraciones como la ablación, que impiden situaciones de dominación medieval de la mujer e, incluso, que prohíben la poligamia. El intenso flujo migratorio de los últimos años, con sus disfunciones, ha permitido el crecimiento económico y está asegurando la viabilidad del sistema público de pensiones. La integración es, en efecto, una necesidad que requiere de más servicios sociales, de más profesores en las escuelas y de más recursos, en definitiva. Rajoy propone conseguirla con un papel y una firma. Sus inmigrantes serán limpios, hablarán castellano con corrección y hasta puede que le cojan el gusto a tirar cabras desde los campanarios, que también es una costumbre muy española. El resto, ladrones, parados y otros inadaptados, será erradicado de la faz de las Españas. Lo dirá en el contrato.
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