dimarts, 4 de desembre de 2007

Manifiesto del Partido Socialista con motivo del vigésimo noveno aniversario de la Constitución.

Manifiesto del Partido Socialista con motivo del vigésimo noveno aniversario de la Constitución.

"CONSTITUCIÓN, JUSTICIA Y CIUDADANÍA"

Manifiesto del Partido Socialista con motivo del vigésimo noveno aniversario de la Constitución.

En el año 2007 celebramos el vigésimo noveno Aniversario de la Constitución. La Constitución española de 1978 concibe a la Justicia como un poder del Estado y, a su vez, la configura como un derecho y como un servicio público de nítido carácter prestacional, dirigido a la realización de un derecho fundamental de la ciudadanía: la protección de los derechos y de los intereses legítimos a través de un juicio justo. Esto es, la tutela judicial efectiva.

El carácter de servicio público de la Justicia resulta de la misma esencia de la Justicia: responder a las exigencias de la paz social, garantizando la confianza que los ciudadanos precisan para vivir en libertad, ejercer su autonomía personal y encontrar solución a sus conflictos. La Justicia es, en definitiva, una institución crucial para definir la calidad de nuestra convivencia y la credibilidad misma del Estado Constitucional de Derecho.

Con dicho convencimiento, los socialistas hemos realizado un ambicioso programa de reformas destinadas a ampliar los derechos de los ciudadanos, prevenir los conflictos, responder a las demandas sociales más acuciantes y dotar de medios personales y materiales a los Tribunales. Es necesario, sin embargo, seguir avanzando en esta línea y realizar cambios más profundos que reviertan en la agilidad y eficacia del servicio público de la Justicia.

En el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado por nuestra Constitución, el servicio público de la Justicia sólo puede organizarse con la vista puesta en la ciudadanía. Más concretamente, en todo aquello a que tiene derecho la ciudadanía y que legítimamente espera y puede exigir de la Justicia.


Los socialistas creemos que el incremento de la confianza en el sistema democrático de convivencia pasa porque la Administración de Justicia dote de protagonismo a la sociedad civil y apostamos por una Justicia que ponga en el centro de sus preocupaciones al ciudadano. Es cierto que el servicio público de la Justicia debe ser comprensible, atento y responsable con los profesionales de la Justicia, pero no puede inspirarse en la satisfacción de peticiones o aspiraciones de carácter corporativo.

En este orden, resulta imprescindible destacar la importancia que para los socialistas posee la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, instrumento que propicia la creación de oficinas de atención al ciudadano y a las víctimas, el establecimiento de un nuevo sistema para que el ciudadano formule de modo más ágil sus quejas y toda una serie de medidas destinadas a hacer de la Justicia algo más sencillo, más eficaz y más comprensible para todos.

Los socialistas queremos que el servicio público de la Justicia funcione, pues el buen funcionamiento de la Justicia, la eficiencia de los tribunales, es también un imperativo y un pilar de la política social del Estado, de la igualdad de oportunidades y de la garantía de la libertad, sobre todo, de las personas más desfavorecidas. Dicho buen funcionamiento exige esfuerzos de todos aquellos actores a los que la Constitución impone atribuciones y competencias en materia de Justicia.

En este marco, los socialistas creemos que el buen funcionamiento de la Justicia requiere de la implicación y el ejercicio de su propio ámbito de responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial, órgano cuya estructura y competencias se hallan básicamente configuradas por la propia Norma Suprema. Los socialistas estamos convencidos de que es necesario garantizar que el Consejo General del Poder Judicial desempeñe efectivamente el papel que le corresponde constitucionalmente: gobernar el Poder Judicial para asegurar una respuesta eficiente a las demandas ciudadanas de Justicia, un derecho fundamental y un servicio público.

Los socialistas creemos que es inadmisible la manipulación sectaria de los órganos constitucionales en la que incide el bloqueo en el nombramiento de sus miembros. Estas conductas no sólo lesionan el prestigio y la credibilidad de los mismos. La obstrucción sistemática del mandato constitucional de renovación supone, en primer lugar, una afrenta al derecho de los ciudadanos que, además, perjudica la confianza de la ciudadanía y fomenta la desafección a las instituciones. El fortalecimiento de la democracia pasa por que el nombramiento de las personas que deben servir a los órganos constitucionales sea concebido como una función institucional de primer orden y no como una prebenda al servicio de intereses partidarios.

Los socialistas pensamos que la modernización de la Justicia, la optimización de los medios materiales, de las inversiones y de los medios tecnológicos, es una actuación imprescindible para conseguir una real agilidad y rapidez en la resolución de los conflictos y para combatir la lentitud, la ineficacia y la opacidad que, en más casos de los deseados, caracteriza al funcionamiento del sistema.

Como es sabido, la Constitución distribuye de manera especialmente compleja y sofisticada las atribuciones y competencias en materia de Justicia entre el Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas. En este sentido, los socialistas creemos que es preciso potenciar la cooperación leal entre las instituciones responsables de la Administración de Justicia en orden a garantizar un correcto funcionamiento de las instituciones y, de este modo, ofrecer un mejor servicio público de la Justicia.

El fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en el servicio público de la Justicia pasa porque la Administración de Justicia se vuelque en la búsqueda de líneas de intervención que reduzcan la judialización de la vida cotidiana y social, esto es, en la búsqueda de vías alternativas al litigio. A este respecto, los socialistas apostamos por instrumentos tan importantes como la Seguridad Jurídica Preventiva, la Mediación o el Arbitraje pues creemos que una Justicia que sólo aboque al litigio es una Justicia fracasada.

Los socialistas creemos que para que el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial sea realmente efectivo es necesario garantizar la excelencia en la selección de jueces, fiscales, secretarios judiciales, personal de administración y demás profesionales de la Justicia de manera que sea posible la aplicación objetiva y transparente de los principios de igualdad, mérito, capacidad y suficiencia profesional acorde con las exigencias que nuestra sociedad impone.

En el vigésimo noveno aniversario de la Constitución española de 1978, los socialistas renovamos nuestro compromiso con el fomento inobjetable de la ciudadanía como eje de la democracia y con el fomento de una sociedad de progreso, igualitaria, democrática y solidaria. Sociedad que requiere de una Justicia propia del siglo XXI, una Justicia eficaz, ágil y próxima al ciudadano.